En la actualidad, uno
de los mayores anhelos de los ciudadanos venezolanos es que los derechos
humanos sean garantizados a toda la población y habitantes del territorio
nacional, de cualquier localidad o región, en especial, dos derechos de
garantía a la vida: la alimentación y la salud. Pero más que un anhelo, se
trata de una obligación del Estado Venezolano. No obstante, el gobierno
nacional ha fallado en esta labor, ha sido irresponsable e indolente sobre todo
en los últimos tres años. Cuando me refiero a cualquier localidad o una
determinada población, apunto al drama que viven actualmente nuestros pueblos
indígenas, ciudadanos de una extraordinaria y vasta cultura ancestral. Es
importante señalar, que el capítulo VIII de
la Constitución de 1999, está dedicado a los pueblos indígenas, a sus
derechos, es decir, además de ser reconocidos en nuestra Carta Magna, el Estado
supuestamente ha “desarrollado las políticas pertinentes” para que todas las
etnias indígenas que hacen vida en el
país gocen de todos los derechos que se merecen, tanto así, que para lograr
estos objetivos se creó el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas en el año 2007. Sin embargo ¿Cuál es la realidad actual? ¿Ha cumplido
el Estado Venezolano con lo estipulado en la Constitución?
Según las estadísticas,
en Venezuela hay 51 pueblos indígenas y aproximadamente más de 4.000
comunidades. La Etnia Wayuu ubicada fundamentalmente en la sierra de Perijá, Estado
Zulia, es la más numerosa, con un 58% del total de la población indígena según
el último censo. Le sigue la etnia Warao con 6% y se distribuye fundamentalmente
en el Estado Delta Amacuro, y también en los estados Monagas y Sucre. En menor
proporción está la Etnia Pemón, en el suroeste del país, Estado Bolívar, y
Yanomami, en la selva Amazónica, entre Brasil y Venezuela. Me voy a referir a
la situación actual del pueblo Warao, pues tuve la oportunidad de conversar
directamente con representantes de algunas de estas comunidades. El testimonio
que me ofrecieron fue muy triste, posible reflejo del resto de los pueblos
indígenas. En relación a la alimentación, sus fuentes naturales para ello están
mermadas, como la pesca; influye la contaminación de los ríos y es muy
preocupante que la mayoría no tiene acceso al agua potable. Aunque hay la
presencia de algunos locales de Mercal en San Francisco de Guayo, solo se les
proporcionan dos productos básicos por
familia, según el día y por número de cédula, incluso manifiestan que dichas provisiones
no les duran más de cuatro días. Un camión de Mercal se dirige una vez al mes hacia algunas comunidades, los habitantes
tienen que pagar la gasolina para dicho trasporte, por supuesto resalto el
desabastecimiento de alimentos.
En actitud desesperada, el pasado diciembre aproximadamente
200 indígenas se trasladaron al Dto. Capital
“en busca de comida”, tal como me lo expresaron. Hay familias que lo
único que comen por días es apenas cazabe. En cuanto a salud, los casos de
tuberculosis son muchos, así como las diarreas, infecciones respiratorias y
lesiones de la piel. No obstante, es muy alarmante la detección de casos con
SIDA en varias comunidades. Se han registrado 56 casos confirmados por diagnóstico
serológico, de los cuales han fallecido algunos. En relación a esta situación
que se torna dramática, el poco personal
que trabaja en salud no tiene los recursos para la detección de muchos casos
que pudieran ser positivos, hay un gran sub-registro. Se dispone de
medicamentos antirretrovirales, pero algunos se niegan a cumplir el tratamiento, ya que la cultura y creencias
privan al respecto.
Solo hay dos hospitales tipo I, ubicados en San Francisco
de Guayo y Nabasanuka, municipio Antonio Díaz, que se encuentran
aproximadamente a 6 horas en lancha de la capital, por supuesto, con las mínimas
condiciones para la atención: escasez de personal médico e insumos. Algunos
indígenas llegan a trasladarse al hospital de Tucupita, también en precarias condiciones,
pero el medio de transporte fundamentalmente es por vía fluvial y en muchas
ocasiones complicado, y no cuentan con una ambulancia fluvial. No dejo de
mencionar el derecho a la educación que deben tener, también negado, por el
gran déficit de escuelas y maestros, además de material educativo. Esto es
importante, en lo que respecta a salud se les pudiera enseñar que además de sus
creencias, existen tratamientos complementarios para curar una enfermedad. Finalmente
les pregunté si han obtenido alguna reacción “positiva” del gobierno ya que
algunos han acudido a las autoridades pertinentes y la respuesta fue: ninguna,
nos sentimos olvidados y abandonados.
@mariayanesh
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