En la actualidad, uno
de los mayores anhelos de los ciudadanos venezolanos es que los derechos
humanos sean garantizados a toda la población y habitantes del territorio
nacional, de cualquier localidad o región, en especial, dos derechos de
garantía a la vida: la alimentación y la salud. Pero más que un anhelo, se
trata de una obligación del Estado Venezolano. No obstante, el gobierno
nacional ha fallado en esta labor, ha sido irresponsable e indolente sobre todo
en los últimos tres años. Cuando me refiero a cualquier localidad o una
determinada población, apunto al drama que viven actualmente nuestros pueblos
indígenas, ciudadanos de una extraordinaria y vasta cultura ancestral. Es
importante señalar, que el capítulo VIII de
la Constitución de 1999, está dedicado a los pueblos indígenas, a sus
derechos, es decir, además de ser reconocidos en nuestra Carta Magna, el Estado
supuestamente ha “desarrollado las políticas pertinentes” para que todas las
etnias indígenas que hacen vida en el
país gocen de todos los derechos que se merecen, tanto así, que para lograr
estos objetivos se creó el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas en el año 2007. Sin embargo ¿Cuál es la realidad actual? ¿Ha cumplido
el Estado Venezolano con lo estipulado en la Constitución?
